La Constitución de la Provincia de Salta incorporó en 1998, a través de su artículo 169°, el modelo de control integral e integrado, con el propósito de modernizar la administración pública, en línea con el proceso nacional iniciado con la reforma constitucional de 1994 y el contexto internacional que promovía nuevas formas de gestión basadas en la administración por objetivos, la dirección por resultados y principios de eficiencia.
Este artículo establece que la Auditoría General de la Provincia (AGPS) es el órgano competente para ejercer el control externo posterior y la auditoría de la gestión económica, financiera, patrimonial, presupuestaria y operativa, bajo los criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.
La norma garantiza su independencia funcional, administrativa y financiera, y extiende su alcance a la Hacienda Pública Provincial y Municipal, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos y entidades privadas adjudicatarias de servicios privatizados, en lo relativo a las obligaciones previstas en los respectivos contratos.
Este artículo fue reglamentado por la Ley Nº 7103, de Sistema, Función y Principios del Control No Jurisdiccional de la Gestión de la Hacienda Pública. Dicha norma creó la Auditoría General de la Provincia de Salta, encargada del control externo de la hacienda pública provincial y municipal, y la Sindicatura General de la Provincia de Salta, responsable del control interno del Poder Ejecutivo provincial.
La AGPS dió inicio a sus actividades el 27 de diciembre del año 2000, fecha en la que los Auditores Generales presentaron juramento de ley.
Control externo, independiente y posterior. La AGPS audita la gestión pública tras los hechos, analizando la razonabilidad de la información financiera, la legalidad de las operaciones y el rendimiento de la gestión.
Transparencia y rendición de cuentas. Publica los informes de auditoría y de otras acciones de control para que la ciudadanía conozca cómo se administran los recursos públicos.
Fortalecimiento del Estado de Derecho. Verifica el cumplimiento de la Constitución, las leyes y normas vigentes relacionadas a la gestión de la hacienda pública, afianzando la confianza institucional.
Mejora en la gestión de los recursos públicos. Su control impulsa la observancia de los principios de eficacia, eficiencia, economía y legalidad en la gestión de la hacienda pública.
Independencia funcional, administrativa y financiera. Dispone de autonomía para ejercer su función sin interferencias externas, garantizando objetividad e imparcialidad
Con este diseño institucional, la AGPS se configura como un pilar esencial del control democrático: promueve la gestión responsable y eficiente de los fondos públicos, refuerza la transparencia y fortalece el Estado de Derecho en beneficio de toda la comunidad salteña.